El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha respondido a las acusaciones de extorsión presentadas por la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut). En una reciente sesión ordinaria, el comisionado presidente, Adrián Alcalá, aclaró que los cuatro miembros del pleno son completamente ajenos a los señalamientos y destacó que se solicitará una investigación exhaustiva al órgano interno de control para esclarecer los hechos. Estas acusaciones surgieron tras una denuncia del secretario general de la Femexfut, Íñigo Riestra, quien afirmó que funcionarios del INAI habrían presionado a la federación para reducir las sanciones económicas a cambio de favores, entre ellos boletos para el Mundial 2026.
La denuncia de extorsión está relacionada con el caso del Fan ID, una medida implementada por la Femexfut después de los violentos sucesos en el estadio Corregidora de Querétaro en 2022. Según la denuncia, funcionarios del INAI habrían solicitado un pago menor de multas y la contratación de un despacho jurídico en específico para facilitar la reducción de las sanciones impuestas a la federación por no obtener el consentimiento adecuado para el uso de datos personales de los aficionados. Ante estos señalamientos, el INAI ha insistido en que no ha cometido ninguna irregularidad y que actuará conforme a la ley para que se llegue a las últimas consecuencias en la investigación.
El Mundial 2026: ¿Un favor a cambio de boletos?
La acusación de extorsión incluye un detalle llamativo: la supuesta solicitud de boletos para la inauguración del Mundial 2026, el cual se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con la denuncia, algunos funcionarios del INAI habrían pedido estos boletos como parte del trato para reducir las multas que la Federación Mexicana de Fútbol enfrentaba por la implementación del Fan ID. Esta petición provocó un gran revuelo, pues la relación entre el INAI y la Femexfut parecía haberse complicado a raíz de los procedimientos legales en curso.
Sin embargo, el INAI ha desmentido rotundamente estas acusaciones y aseguró que no ha solicitado favores personales de ninguna índole. En su comunicado oficial, el instituto reiteró que sus acciones se han regido por la ley y la transparencia, buscando siempre proteger los datos personales de los ciudadanos. Aunque la denuncia sigue bajo investigación, la postura del INAI ha sido clara: no tienen relación con los presuntos actos de extorsión que se les imputan.
El caso del Fan ID y las sanciones a la FMF
El origen de este conflicto radica en la implementación del sistema Fan ID por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, adoptado tras los trágicos incidentes ocurridos en el estadio Corregidora en 2022. El Fan ID requiere que los aficionados se registren proporcionando información personal, como su fotografía, identificación oficial y número telefónico, lo que generó preocupación en el INAI por posibles violaciones a la ley de protección de datos. Debido a esto, el INAI impuso una multa de 15 millones de pesos a la federación por la recopilación de datos sin el consentimiento adecuado de los aficionados, y una segunda sanción por el mal manejo de esa información.
La situación escaló cuando la Femexfut solicitó una reducción de estas sanciones, y supuestamente algunos funcionarios del INAI les habrían ofrecido una solución a través de un despacho legal. Este hecho es el que habría derivado en la denuncia de extorsión, aunque el INAI lo niega categóricamente. La comisionada Norma Julieta del Río Venegas, en una entrevista reciente, explicó que los procesos legales y la petición de un despacho especializado no constituyen una extorsión, y que la FMF ha cumplido con las recomendaciones, aunque no está de acuerdo con los nuevos procedimientos que se les han iniciado.
Este conflicto entre el INAI y la Federación Mexicana de Fútbol sigue generando gran expectación, ya que involucra a una de las instituciones deportivas más importantes del país y a un organismo clave en la protección de los derechos de los ciudadanos. Aunque el INAI ha desmentido las acusaciones de extorsión, la situación sigue sin resolverse por completo, lo que ha dejado en suspenso la relación entre ambos organismos. Los próximos pasos dependerán de las investigaciones internas y legales, que deberán esclarecer si las acusaciones tienen fundamento o si se trata de un malentendido que requiere una solución pacífica y conforme a la ley.
